10/26/2008

En la Salta de Urtubey, las travestis son derechas y humanas

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"Nunca sabemos 
si vamos a salir con vida"

Las travestis salteñas denuncian golpes y torturas en las comisarías. El gobernador Urtubey las ignora.


POR BRUNO BIMBI

"Se bajaron varios efectivos de la comisaría segunda, de civil, para detener a Rosario y subirla a golpes y empujones al automóvil, donde la siguieron golpeando. Mientras le pegaban, los policías le decían: 'ahora te van a quedar ganas de seguir hablando en los medios'. A Betty, que estaba en otra esquina, le pasó lo mismo", dice la carta que llega desde Salta a la redacción de este diario. "Nunca sé si volveré con vida a casa", había declarado Rosario a la prensa local apenas unos días antes de la detención. Sabía por qué lo decía: hace menos de dos años recibió seis balazos de los uniformados.

Rosario es vicepresidenta de la regional provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina, organización de base de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. El sábado pasado, su familia supo que se encontraba incomunicada y con una causa penal, y que recién el lunes podrían verla en el juzgado. Los familiares querían dejarle una campera y medicamentos que ella necesita tomar, pero les dijeron que no.

"Cuando llegamos a la alcaldía donde estaban detenidas las compañeras, el sábado a la tarde, buscándolas bajo nombres muertos en documentos de identidad, no pudimos verlas bajo excusas de estilo. Llamamos al fiscal y se enojó por el llamado. No nos ayudó ni quiso recibir un 'hábeas corpus' verbal. Llamamos al juez, tampoco quiso recibirlo, pero dio la orden para que pudiéramos verla, ya que nunca había decretado la incomunicación que nos dijeron en la alcaldía", relató a este diario la dirigente local Mari Robles. Las compañeras de Rosario supieron que había dos chicas más que estaban detenidas, Conny y Lelo, pero no las dejaron visitarlas. Finalmente todas salieron libres, pero la persecusión contra las travestis no para: ATTTA y el grupo Transparencia Salteña vienen protestando desde hace meses por el recrudecimiento de la represión policial en la provincia.

El mes pasado, estas organizaciones denunciaron en una carta abierta que el jefe de la Unidad Regional 1 de la provincia, Néstor Méndez, había establecido un programa de razzias con ayuda de efectivos de distintas comisarías, con el objetivo de “erradicar” a las personas trans y trabajadoras sexuales. A veces les aplican el Código y otras veces las detienen por averiguación de antecedentes.

UN CÓDIGO PARA REPRIMIR. La denuncia de las travestis salteñas llega como un grito desesperado desde ese interior profundo de la Argentina donde la diversidad sexual no es una categoría sociológica sino policial, las políticas antidiscriminatorias parecen lejanías de otro continente y única ley sigue siendo la del garrote. En Salta, el Código de Faltas castiga la prostitución y las travestis, condenadas a prostituirse por la discriminación laboral y la falta de oportunidades, son el blanco preferido de la policía. El gobernador Urtubey recibió hace meses una carta del ministro Aníbal Fernandez que, como informó entonces Crítica de la Argentina, lo instaba a promover la reforma de esa legislación inconstitucional, pero decidió no hacerle caso.

"Se entiende por grupo la reunión de tres o más individuos", define el artículo 74 del código vigente, con una redacción que parece recordar los años del Proceso, y establece: "Serán sancionados con arresto de hasta treinta días o multa de hasta treinta días, los que habitual o accidentalmente se agrupen para molestar, provocar, insultar, hostigar o agredir en cualquier forma a terceras personas o promuevan escándalos o tumultos en lugares públicos o accesibles al público, en tanto ello no constituya delito". También se castiga a quien "ofendiere el pudor de las personas con palabras o con gestos inequívocos". La determinación de qué es "ofender el pudor" o "molestar" la hace la misma policía que dejó a Rosario "con pocos signos de humanidad, sucia, con la cara llena de maquillaje lavado por las lágrimas de dos días, totalmente golpeada tanto física como mentalmente", como cuentan haberla encontrado sus compañeras cuando finalmente pudieron verla, mientras aún estaba detenida.

En la alcaldía, les contó que la habían golpeado durante horas, que le dolían mucho el pecho y la pierna y que habían intentado ahorcarla. Sus amigas pudieron ver los moretones y raspones en su cara y en sus brazos. Betty, otras de las chicas que estaba detenida, se veía aún más lastimada que Rosario, y también le habían iniciado una causa, por "resistencia a la autoridad".

"Muchas travestis se van de la provincia porque en Salta nos golpean, nos encarcelan, nos extorsionan, nos sobornan y no sólo nos sacan dinero sino que nos obligan a canjear nuestra libertad por servicios sexuales gratuitos ", había declarado a la prensa dos años atrás una joven dirigente de las travestis salteñas, Pelusa Liendro, quien poco después fue encontrada apuñalada en su auto, en noviembre de 2006. El asesinato de Pelusa fue oficialmente esclarecido por la policía como un supuesto crimen pasional, pero en la provincia todavía existen dudas al respecto y no son pocos los que señalan que hubo "zona liberada" para el crimen, ya que esta una joven de 23 años molestaba con sus denuncias a la "mafia policial". Años atrás, en 2001, había aparecido ahorcada otras travesti, Tatiana, odiada por la policía porque se resistía a las detenciones.

PARA LA FOTO. La dirigente trans Marcela Romero, vicepresidenta de la FALGBT, viajó el mes pasado a Salta y tuvo reuniones con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Pace, y con el secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia. En la reunión participaron Mari Robles, el abogado Luis Gallagher —que colabora con las organizaciones locales de derechos humanos presentando 'habeas corpus' y defendiendo a las travestis cuando les arman una causa— y la delegada local del INADI, Verónica Spaventa. "Nos recibieron porque Aníbal Fernández pidió al gobernador que nos atendieran, pero quedó claro que fue de compromiso. Cuando llegamos, la ministra se sacó una foto con nosotras y dijo que era 'la primera vez que las trans eran recibidas en la gobernación'. Mucha foto, mucho beso, pero al otro día dijeron a la prensa que 'el Código está para cumplirlo' y que las detenciones iban a seguir", declaró Romero a este diario.

—¿Qué cambió en Salta con el nuevo gobernador?

—Nada. Ahora inclusive crearon una especie de "cárcel de contraventoras" para las travestis, en una comisaría. Ahí es donde las llevan.Y al salir de la reunión me enteré que el secretario de Seguridad de Urtubey es un ex represor de la dictadura, denunciado por los organismos de derechos humanos. La represión es cada día peor y las chicas tienen miedo por su vida. Aníbal Fernández hizo gestiones para que deroguen los artículos del Código que usan para perseguir a las compañeras, pero el gobernador no le da pelota y la policía provincial tiene apoyo político para seguir reprimiendo.

—Las personas detenidas la semana pasada denuncian haber sido golpeadas por la policía. ¿Esto ha sucedido ya otras veces?

—Es lo que pasa siempre. Para las travestis, en provincias como Salta, la dictadura militar todavía no terminó.

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. Este diario intentó comunicarse con funcionarios del gobierno provincial, pero todos estaban siempre en alguna reunión y no podían atender. Mientras tanto, sin embargo, el gobernador da otras señales sobre la idea que su gobierno tiene sobre los derechos humanos y las políticas antidiscriminatorias: envió a la Legislatura un proyecto de ley que establece la educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia. El polémico proyecto de Urtubey establece como uno de los objetivos de la educación primaria "brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa".

Detenciones arbitrarias, persecusión policial, golpes y torturas en comisarías, personas viviendo con miedo, funcionarios vinculados a la dictadura y catecismo en las escuelas públicas. Algo está pasando en Salta y el pasado parece estar a la vuelta de la esquina.

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10/19/2008

Matrimonio gay en Connecticut

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Todos los caminos 
conducen a la Corte

Mientras una pareja de lesbianas y dos parejas gays esperan que la Corte Suprema de Justicia argentina las autorice a casarse, el Tribunal Supremo de Connecticut legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en ese estado norteamericano.


POR BRUNO BIMBI

El Tribunal Supremo de Connecticut, en los Estados Unidos, decidió la semana pasada legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión fue respaldada por cuatro de los siete jueces y dio la razón a ocho parejas de la localidad de Madison, que habían demandado en 2004 al estado luego de que las autoridades locales les negaran permiso para casarse.

Connecticut ya contaba desde 2005 con una ley de unión civil, que reconocía casi todos los derechos del matrimonio, y esto no es un dato menor. Los jueces consideraron que, más allá de que existiera un sistema de protección legal diferenciado para las parejas de gays y lesbianas, “el tratamiento distinto hacia las parejas del mismo sexo es constitucionalmente deficiente”, ya que significaría aplicar “una serie de principios constitucionales a los gays y otros para las demás personas”. En su voto, el juez Richard Palmer sostuvo que “la interpretación de la constitución de acuerdo con los principios de igualdad lleva inexorablemente a la conclusión de que las personas homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio con quien deseen”.

El fallo de Connecticut se suma a otros anteriores que, en distintos países, legalizaron los matrimonios homosexuales a partir de demandas interpuestas en la Justicia por parejas que reclamaban no ser discriminadas. Entre otros, se destacan las sentencias de Massachusetts y California (Estados Unidos), Ontario y Columbia Británica (Canadá) y, a nivel nacional, Sudáfrica. En nuestro país, una de las tres demandas idénticas promovidas por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Los antecedentes:

MASSACHUSETTS. Este estado fue el primero en legalizar los matrimonios gays en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo falló en noviembre de 2003 en el caso “Hillary Goodrige y otros vs. Departamento de Salud Pública y otros”, resolviendo que “la Corte de Justicia no puede negar la protección, beneficios y obligaciones conferidos al matrimonio civil a dos individuos del mismo sexo que desean casarse. La Constitución de Massachusetts afirma la dignidad y la igualdad de todos los individuos, y prohíbe la creación de ciudadanos de segunda clase”.

CALIFORNIA. En el estado gobernado por Arnold Schwarzenegger, la Corte Suprema falló en mayo de 2008 que la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo era inconstitucional. Sin embargo, la “Propuesta 8” de enmienda constitucional estadual, que pretende volver atrás con esa decisión de la Justicia, irá a plebiscito junto con las próximas elecciones presidenciales. Numerosas personalidades de Hollywood, e incluso empresas como Google, han donado fondos para una campaña contra esa propuesta y a favor de los matrimonios gays.

CANADÁ. La Corte de Apelaciones de Ontario, en junio de 2003, y la Corte de Apelaciones de la Columbia Británica, un mes después, determinaron en un fallo que la tradicional definición del matrimonio como la unión entre personas de diferente sexo constituía “una injustificable discriminación basada en la orientación sexual”, contraria a la sección 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, parte de la Constitución Federal de Canadá. Luego de esas sentencias, el Parlamento canadiense modificó en julio de 2005 la ley C-38 sobre matrimonio civil, eliminando las restricciones que impedían los casamientos entre personas del mismo sexo. De este modo, la legalidad de las bodas gays se extendió a todo el país.

SUDÁFRICA, SIN APARTHEID. La Corte Constitucional sudafricana falló en diciembre de 2005 en dos casos: “60/04 Ministerio de Asuntos Internos de Sudáfrica y Dirección de Asuntos Internos vs. Marie Adriana Fourié y Cecilia Johann Bonthuys” y “10/05 Proyecto de igualdad para gays y lesbianas y otros dieciocho patrocinantes vs. Ministerio de Asuntos Internos de Sudáfrica”. Los cinco jueces concluyeron que la exclusión de las parejas de personas del mismo sexo de la definición legal de matrimonio era discriminación y emplazaron por doce meses al Congreso para que rectificara la norma. El Congreso acató el fallo y el matrimonio gay es legal en Sudáfrica desde entonces.

Entre los fundamentos de la Corte Constitucional sudafricana, se destacaron los que suscribió en su voto el juez Sachs J.: “Las demandantes no desean privar a nadie de derechos, sólo quieren tener acceso para ellas mismas, sin ninguna limitación, como disfrutan los otros. La exclusión de las parejas de personas del mismo sexo de los beneficios y responsabilidades del matrimonio no es un inconveniente pequeño y tangencial resultante de unos pocas reliquias sobrevivientes de una sociedad prejuiciosa: representa una forma dura de decir indirectamente que las parejas de personas del mismo sexo son intrusas, que de alguna manera son menos que las parejas heterosexuales. Esto refuerza la hiriente noción de que lesbianas y gays deben ser tratados como una rareza biológica, seres humanos fallados o erróneos que no se enmarcan en una sociedad normal y que no clasifican por tanto para recibir el completo reconocimiento y respeto que nuestra Constitución dice asegurar para todos. Esto es una forma de decir que su capacidad de amar, comprometerse y aceptar responsabilidades es, por definición, menos loable de proteger que las de las parejas heterosexuales”.

Continúa Sachs: “El daño intangible a las parejas de personas del mismo sexo es más severo que las privaciones materiales. Ellos no están autorizados a celebrar su compromiso con el otro jubilosamente en un evento público reconocido por la ley. Están obligados a vivir una vida en estado de vacío legal en el cual sus uniones quedan desmarcadas de las fiestas y de los presentes, de las conmemoraciones, de los aniversarios que celebramos en nuestra cultura. Si tenemos en cuenta la importancia y centralidad que atribuyen nuestras sociedades al matrimonio y sus consecuencias en nuestra cultura, negar este derecho a las parejas de personas del mismo sexo es negarles el derecho a la autodefinición en una forma profunda”.

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Lubertino presenta un "amicus"


La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país podría llegar también por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal tiene en sus manos el amparo presentado por María Rachid y Claudia Castro, y es probable que pronto reciba los casos de Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese y de Martín Scioli y Oscar Marvich.

Estas tres parejas demandaron al Estado, patrocinadas por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, reclamando que se declare la inconstitucionalidad de las normas que les impiden casarse.

La asesora jurídica del INADI, Romina Ojagnan, confirmó que el instituto, por decisión de su presidenta, María José Lubertino, presentará un amicus curiae ante el máximo tribunal, expresando su posición sobre el reclamo de Rachid y Castro. El documento, al que tuvo acceso Crítica de la Argentina, sostiene que “la distinción de trato motivada en la orientación sexual de una persona configura un claro ejemplo de lo que se denomina ‘categoría sospechosa’, cuya principal consecuencia radica en la obligación de invertir la carga de la prueba, dado que se estima a priori que resultará inválida –por discriminatoria– la diferenciación que seDenegar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo es poner en duda que las familias constituidas por parejas del mismo sexo gocen de la misma dignidad que aquellas conformadas por parejas de distinto sexo. El Estado permanecerá incurriendo en una 'situación continuada' de violación del derecho a contraer matrimonio hasta tanto proceda a adecuar su legislación interna a fin de compatibilizarla con las obligaciones internacionalmente asumidas en materia de derechos humanos".
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10/09/2008

Reclamo en la Justicia por el derecho a la maternidad

Ser mamás


Una pareja de lesbianas irá a la justicia para que la obra social les cubra las prácticas de fertilización asistida. Quieren ser mamás con los óvulos de una y el útero de la otra.

POR BRUNO BIMBI



El primer paso fue lograr que la obra social inscribiera a María del Pilar. Ese trámite simple, que para cualquier pareja de chico y chica no significa en general un problema, a ellas se les complicó. Marisa, enfermera del hospital de gastroenterología porteño, fue a la sede la obra social de los empleados del Gobierno de la Ciudad, y consultó cómo debía hacer para incluir a su pareja como beneficiaria.
—¿Tienen la unión civil? —les preguntaron en la ventanilla.
Como vecinas de La Matanza, ellas sabían que aun los escasos beneficios de esa ley porteña les estaban vedados. Las parejas de gays y lesbianas que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires no tienen ni eso.
—Yo les aconsejo que se muden —les dijo la empleada. Que pase el que sigue.
Acostumbradas a sortear los obstáculos que las normas pensadas exclusivamente para quienes se enamoran de los del sexo contrario les han puesto en el camino infinidad de veces, se comunicaron con los abogados de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y, luego de una carta documento preparada por el doctor Gustavo López, María del Pilar recibió su carnet de afiliada número 412068-91.
—Son las primeras que lo consiguen sin la unión civil —les dijo otra empleada de ObSBA, con un guiño cómplice. Ella también sabía de qué se trataba.
Luego de esa primera victoria, dieron el segundo paso. Asesoradas por un estudio de abogados especializado, al que llegaron por el sitio web www.medical-lex.com, hicieron un pedido conjunto en la obra social.
"Constituímos una pareja con largo tiempo de convivencia en concubinato. Y es en amparo de los derechos que se han reconocido a través de la legislación y la jurisprudencia vigentes a parejas formalizadas como la nuestra que recabamos la integral cobertura de la aplicación de la Tecnología Reproductiva Asistida, así como de todo lo que implique el posterior estado de embarazo, el parto, y la asistencia de quien nazca como hijo/a de las afiliadas con todos los derechos inherentes", dicen Marisa y María del Pilar en la carta preparada por los letrados Alberto y Fernando Malimovca, que decidieron asesorarlas en forma gratuita.

MATERNIDAD PARA POCAS. En la mayoría de los países, las lesbianas que quieren ser madres sólo pueden conseguirlo mediante una relación sexual con un varón. En algunos países, entre ellos Argentina, las que pueden pagarlo tienen como alternativa la fertilización asistida, con donantes anónimos o conocidos. Sin embargo, el costo es privativo para la mayoría y los hospitales públicos no realizan estas prácticas, aunque algunos médicos con buena voluntad a veces brindan asesoramiento.
Las obras sociales y prepagas no se hacen cargo. Algunas prepagas cubren apenas las drogas, pero sólo para mujeres con problemas de fertilidad, o cuyos maridos tienen problemas de fertilidad. Las lesbianas tienen que pagar todo de su propio bolsillo. "Osde debe ser la única que te cubre las consultas, que en las clínicas especializadas son carísimas, pero las aplicaciones, es decir, cada intento de inseminación, no te las cubre nadie. Hay mujeres que quedan embarazadas en el primer intento, pero otras recién lo consiguen en el tercero o cuarto. No cualquiera puede gastar varios miles de pesos en aplicaciones y medicación", señaló a este diario Claudia Castro, coordinadora del grupo La Fulana y dirigente de la FALGBT.

EL "NO" ES PARA TODOS. El 26 de septiembre, Marisa recibió una carta firmada por María Gabriela Mata, funcionaria de la obra social. La respuesta no las sorprendió por el contenido —su abogado les había anticipado que iba a ser negativa y tendrían que ir a la justicia—, pero sí un poco por la forma: iba dirigida a ella sola, pese a que el pedido lo habían firmado las dos.
—Pensé que luego de que María del Pilar recibió su carnet, ese tema estaba superado, pero la ignoraron por completo en la respuesta.
La negativa de la obra social se basó en que la práctica de fertilización asistida "no se encuentra reconocida por las normativas de la ObSBA que regulan la materia, como así tampoco figura como prestación reconocida en el Programa Médico Obligatorio".
—Es verdad que el PMO no incluye la fertilización asistida, y era de esperar que respondieran eso. Sin embargo, hay varios fallos judiciales que han ordenado a las obras sociales y prepagas cubrir estas prácticas —explica el doctor Alberto Malimovca. El letrado aclara que en este caso no hubo discriminación por orientación sexual, pero sí una injusticia social: sólo pueden acceder a esta prestación quienes pueden pagarla, sean lesbianas o heterosexuales.
En un fallo reciente, la Cámara en lo Correccional y de Garantías de la Ciudad de Salta obligó al Instituto Provincial de Salud salteño a brindar esta cobertura a una pareja. Otro fallo, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 11, le dio la razón a otra pareja en un reclamo contra OSDE, y la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital hizo lo propio en otro reclamo contra la misma obra social de Marisa y María del Pilar, quienes presentarán una "acción sumarísima" en el fuero civil y comercial federal.
—Es cierto que la novedad, en este caso, es que el reclamo lo realiza una pareja de lesbianas. Pero no se trata de una reivindicación homosexual, sino simplemente humana. Ellas quieren ser mamás juntas—señala el abogado. Marisa tiene dos hijos de una relación anterior con un varón. María del Pilar nunca fue madre, pero juntas forman una familia numerosa que esperan ampliar: los hijos de Marisa y la hermana menor y la madre de María del Pilar viven con ellas y van juntas de un lado al otro. El embarazo que buscan sería, para la pareja, la realización del sueño de tener un hijo juntas.

LAS RESPUESTAS QUE ESTUDIA OSBSA. La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra actualmente intervenida por decisión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Hernán Stella, vocero del ministro de Hacienda porteño, fue el encargado de dar una respuesta oficial a Crítica de la Argentina:
—Ninguna obra social ni prepaga cubre estas prácticas salvo que haya un fallo judicial. Sin embargo, la intervención está estudiando una resolución para ofrecer a sus afiliados una cobertura parcial de las prácticas de fertilización asistida. Algunas mujeres quedan embarazadas en el primer intento, pero otras necesitan de varios, y cada uno tiene un costo altísimo, por eso estamos pensando en un sistema de cobertura que se haga cargo de una cantidad limitada de intentos.
—¿Esa cobertura incluiría a las afiliadas en pareja con otra mujer o se limitaría a parejas heterosexuales con problemas de infertilidad? —preguntó este diario.
—Si sale la resolución, va a ser igual para todos. Lo contrario sería discriminatorio. El problema es económico y tiene que ver con las posibilidades de las obras sociales de hacerse cargo de los costos, pero eso vale para todos: a la hora de cubrir la prestación, ¿qué diferencia hay?

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Dos mamás de hecho y derecho

Marisa y María del Pilar saben que aun si consiguen lo que están reclamando, la batalla legal por la maternidad recién habrá comenzado. La ley argentina no prevé la posibilidad de que un hijo tenga dos mamás, y los niños engendrados mediante fertilización asistida con un donante anónimo sólo pueden ser adoptados por la pareja de la mujer que los da a luz si se trata de un matrimonio heterosexual. Cuando un chico tiene dos mamás, una de ellas no existe para el Estado.
Ellas, entonces, quieren ser madres de una forma que desafiará el concepto jurídico y biológico de maternidad: quieren inseminar in vitro un óvulo de María del Pilar, pero el útero que lleve el bebé será el de Marisa.
—Nadie me va a poder negar que soy la madre, porque lo voy a parir, y la ley considera madre biológica a la que da a luz —explica Marisa.
—Y nadie me podrá decir que no soy la madre, porque voy a pedir una prueba de ADN para demostrarlo, como dice la ley. Queremos que nuestro hijo o hija tenga el amparo legal de sus dos mamás, para que tenga los mismos derechos —dice María del Pilar, y su abogado agrega: "Los jueces van a tener que revisar la biblioteca y encontrar una solución, porque no va a haber forma de negarles que, jurídica y biológicamente, madres serán las dos".

Actualización: la historia de esta nota sigue acá.

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