Entrevista a Raúl Zaffaroni

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“El Estado debe brindar seguridad jurídica a todas las parejas, cualquiera sea su orientación sexual”


El juez de la Corte opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y del consumo de drogas, la reforma al Código Penal, la seguridad, la proliferación de armas, el sistema presidencialista, el juicio por jurados, el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces y muchos otros temas. Dice que más de una vez pensó en ir a la Marcha del Orgullo, y que no le interesa preguntarse si quienes lo atacan lo hacen por su sexualidad o por sus ideas. Todas las respuestas de un juez honesto sin pelos en la lengua.


POR BRUNO BIMBI, PARA NEWSWEEK ARGENTINA

Raúl Zaffaroni es el mejor exponente de los nuevos tiempos que se viven en la Corte Suprema. Suele vestir zapatillas con traje, practica regularmente natación en ríos y nunca elude a la polémica. En su casa, en el barrio de Caballito, sorprende el tamaño de su biblioteca personal, que ocupa varios ambientes. Y hay libros por todas partes, en varios idiomas con los que se maneja sin dificultad. Una estantería completa está dedicada a sus obras de derecho: “Ahora estoy pensando en escribir ficción, quizás una novela”, confiesa, pero no adelanta el tema.

En esta entrevista, hablará a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y contra la penalización del aborto, dirá que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias (la mayoría de sus colegas se opone), y hasta confesará que pensó varias veces en participar de la Marcha del Orgullo. El juez no supo responder si sus críticos lo atacaban por ser homosexual o por sus ideas: "No lo he pensado". Dice que, si contestara todas las “idioteces” que dicen sobre él, "terminaría inútil y enfermo, como pretenden algunos". Tampoco quiso opinar sobre la relación del Ejecutivo con la Justicia, un tema muy mencionado por algunos medios en estos días.

Es el penalista argentino más respetado en el mundo, autor de los libros con los que se estudia esa materia en la mayoría de las universidades nacionales, y aguarda ansioso la reforma del Código Penal, por ahora postergada por el Gobierno, que realizó un anteproyecto de reforma con el que Zaffaroni coincide en la mayoría de sus puntos.


El Gobierno ha anunciado la intención de postergar la reforma al Código Penal. ¿Qué opinión le merece el anteproyecto que había elaborado la comisión de juristas convocados por el Ministerio de Justicia?

Creo que es un buen anteproyecto. La comisión está integrada por lo mejor del penalismo argentino, son los mejores técnicos con que cuenta el país y provienen de distintas provincias y no sólo de la Capital. Eso es muy bueno: no es un proyecto porteño sino nacional. Por supuesto que no coincido con todo lo que se proyecta, pero eso es normal: si a cada penalista se le encargase un proyecto, lo haría de modo diferente, pero el trabajo es valioso, como punto de partida para una reforma. La reforma es necesaria, porque el buen código Moreno, que es un código conservador pero muy inteligente, ha sido destruido por centenares de reformas que lo hacen irreconocible.

¿Cómo debería encararse la reforma?

Hay una larga experiencia comparada en materia de reformas penales: Alemania y Austria en los sesenta y setenta, Suiza mucho antes, Francia, Portugal y España en los ochenta. Todas se tomaron algunos años. La reforma alemana tardó 17 años, la suiza 50, la española unos doce. La propia elaboración de nuestro código de 1921 (cuyas virtudes en versión original no me cansaré de señalar) se inició con el proyecto de Rivarola, Piñero y Matienzo de 1891, de modo que llevó treinta años. Por cierto, creo que debemos proceder con un poco más de celeridad, pero no podemos sancionar un código nuevo en dos o tres meses.
Creo que alguien debe tomar la batuta de la reforma. Si no es un órgano político, como el ministerio o el propio Congreso, debe hacerlo el mundo académico, y convocar, sobre la base del anteproyecto, a una amplia discusión técnica, algo así como fue la “kleine” y la “grosse” comisión alemanas de los sesenta. Hay que convocar a la “grosse” comisión, a decir, a todas las voces técnicas del país. Analizar, discutir, debatir, cambiar ideas, observar errores, prevenir las “maldades” o “travesuras” que alguien podría cometer con el nuevo texto en caso de sanción.

No habrá mucho problema con conceptos generales, tampoco con delitos llamados de “derecho natural”, o sea, los comunes (homicidio, robo, violación, etc.), pero la parte especial es mucho más amplia y muy problemática. Hay que desmenuzarla y analizarla con mucho cuidado y mucha discusión y cambio de ideas; se trata de una tarea tediosa y nada sencilla, pero muy técnica. De allí saldrá un segundo anteproyecto o una versión corregida del actual. Si hay decisión política podrá convertirse en proyecto y pasar a la discusión parlamentaria. Si no la hay, el país tendrá un texto técnico disponible y en algún momento el poder político necesitará un código, porque lo que hay cada día es más peligroso para todos, porque es una fuente de inseguridad jurídica que nadie sabe quién sufrirá las consecuencias, ni siquiera los que propugnan el avance del proceso de destrucción de le legislación penal, que se halla hoy en uno de los peores –sino el peor– momento de toda la historia de la codificación nacional.

Usted ha dicho que el tema del aborto no debería haberse incluido en el anteproyecto, sino debatirse por separado. Si ese debate se produjera, ¿cuál sería su posición?

Sueño con un debate utópico, lo sé, pero nadie me puede impedir que siga soñando. Ojalá un día se puedan dejar de lado todos los prejuicios y mirar la realidad, digo la realidad y no normas abstractas; sentarse en una mesa y preguntarse, desde distintas disciplinas, cuál es el arsenal de medidas que podemos tomar para reducir hasta donde sea posible el número de abortos y de muertes de mujeres. Miles y miles de vidas intra y extrauterinas se sacrifican todos los días.

Hay que pararlo, hay que bajar ese número, mucho, muchísimo, y eso es posible. Las generaciones futuras nos mirarán y nos reprocharán nuestra incapacidad para hacerlo, nos juzgarán como una generación suicida y, en el más benigno de los casos, como bastante tonta; en el peor de los casos como homicida. No somos capaces de darnos cuenta de que los fetos y las mujeres no son de papel, de que en la realidad casi no llegan abortos a conocimiento de los tribunales, que el aborto que domina en nuestro país –y en toda América Latina– es el de la miseria y no el de la comodidad, que hay una estratificación social de las intervenciones abortivas, que las prácticas brutales son corrientes y que el aborto que domina en nuestro medio es el más letal.

Sé perfectamente que en el mundo en que vivimos pretender que nos sentemos para preguntarnos cómo se salvan vidas humanas, dejando de lado todos los prejuicios, es todavía un vano sueño. El mundo, los prejuicios y la comunicación social nos incitan a seguir jugando con papelitos mientras nos salpica la sangre y, por supuesto, en este contexto, pretender ocuparse sólo de las vidas es poco menos que un sueño. Pero confío en que la Humanidad reaccione en algún momento.

El proyecto antes mencionado contempla la despenalización de la tenencia y el cultivo o producción de drogas para consumo personal. ¿Cuáles serían los efectos de una despenalización del consumo y cuáles los de una despenalización total?

La tenencia de una cantidad reducida de tóxico prohibido para consumo personal es una cuestión que hace a la salud y al ámbito de decisión de casa persona y, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, el estado no puede entrometerse en modo alguno. El reconocimiento de este ámbito propio de la moral individual ahorraría un desgaste inútil de jurisdicción y prevención y al mismo tiempo evitaría la estigmatización penal de muchas personas, con todas sus consecuencias lesivas.

En cuanto a la llamada “legalización” o despenalización total de los tóxicos prohibidos, es otra cuestión, cuyas consecuencias no puedo estimar adecuadamente porque excede mis conocimientos, especialmente en el plano macroeconómico. Se maneja un volumen tan enorme de dinero que no sé qué pasaría con una caída abrupta del precio en los mercados. Es una pregunta para economistas. De cualquier manera, no tiene mucho sentido plantearla en la Argentina. No podríamos hacerlo, porque estamos vinculados por tratados internacionales que imponen la prohibición. Es una decisión que corresponde a los países centrales, que son los principales consumidores y que regulan el precio internacional y el costo de los servicios de distribución. Nosotros no tenemos el más mínimo poder sobre eso.

Desde hace años se viene hablando de la instauración del juicio por jurados. ¿Cree usted que sería un avance para el derecho penal argentino?

La Constitución Nacional impone el juicio por jurados. ¿Qué debe entenderse por “jurado”? ¿El modelo que tenían a la vista en 1853 según interpretación literal, o en interpretación progresiva todas las formas de participación popular que se han ido conociendo en la historia en los últimos casi dos siglos? Me inclino por lo segundo. Me gusta el juicio con escabinos, o sea, con jueces legos juntos a jueces de carrera o letrados. El jurado histórico tiene inconvenientes insalvables. No es cierto que sólo requiera conocimientos de hecho. El jurado debe resolver si hubo legítima defensa, estado de necesidad, error invencible, inimputabilidad, etc., son todos conceptos técnicos que no se pueden aprender en un segundo ni en pocos minutos.

El escabinado es distinto, porque siempre están los jueces técnicos y se puede conocer cómo se llega a la sentencia. Además, no sé cómo se puede revisar una sentencia de un jurado lego que, por definición, no da fundamentos ni puede darlos, porque no es técnico. La Constitución no puede ser contradictoria: si estamos obligados a la doble instancia tenemos que tener sentencias que sean revisables y, para ello, deben estar fundadas. Cabe aclarar que el escabinado o el jurado, como se quiera, no va a resolver los problemas más serios del sistema penal. No se deben vender ilusiones en este sentido.

¿Es posible proponer desde el pensamiento progresista una agenda sobre seguridad alternativa a la que proponen los medios de derecha?

Por supuesto, pero no se trata de un plan "progresista" sino de un plan "racional", que es lo que falta. Y para eso es necesario crear ante todo un organismo de control y relevamiento, porque no puede planificarse ninguna seguridad cuando no hay un cuadro de situación de la inseguridad y, por consiguiente, todo se maneja según la extensión de las noticias y la sensación térmica. No puedo neutralizar lo que no conozco, y qué pasa nadie lo sabe, porque no hay un organismo capaz de monitorear y confeccionar un cuadro de situación.

Usted tuvo un gran protagonismo en el debate por el Código de Convivencia porteño. Luego, ese Código fue ampliamente modificado por la Legislatura. ¿Cree que fue un retroceso?

El código no es obra mía. Con un colega habíamos hecho un proyecto diferente que no fue aceptado. Se me endilgó el texto y se lo criticó por lo bueno que tenía. Las reformas que le introdujo la Legislatura no las voté y en mi intervención quedó claro cuál era mi posición. No me parece un retroceso, sino que el tipo penal introducido es directamente ridículo y, como alguien que sabía lo que decía dijo, de eso no se vuelve.

En ese debate usted señaló que el la principal fuente de inseguridad pública es la proliferación de armas originada en el contrabando...

Sí, la proliferación y el fácil acceso a las armas. Por eso, lo que se necesita es una campaña de desarmamiento. En vez de buscar restos de marihuana en los bolsillos es mejor dedicarse a buscar las armas y destruirlas.

En varias provincias rigen códigos de faltas con figuras imprecisas y otras que penalizan la homosexualidad y la transgeneridad. El Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, penaliza al propietario del hotel donde se produjeran “prácticas homosexuales” y otros, como el de Santa Cruz, penalizan a quienes en la vía pública realizaren “proposiciones tendientes a prácticas homosexuales”. Con relación a las personas transexuales o transgénero, la penalización por vestir ropas del “sexo opuesto” está presente en los códigos de varias provincias. ¿Qué opina usted, como jurista, sobre estas normas?

La legislación de faltas y la contravencional es muy anárquica en el país. Muchas veces se copiaron tipos de códigos europeos unitarios, que nada tienen que ver con nuestro sistema. En general es una legislación que no ha sido materia de suficiente análisis técnico y los modelos originarios han sido convenientemente empeorados por las invenciones u ocurrencias locales. Por supuesto que arrastran tipos obsoletos e incompatibles con las constituciones provinciales y con la Nacional. Van directamente a contramano de toda la legislación nacional en materia de lucha contra la discriminación y del derecho a la igualdad o derecho a ser diferente. Es cierto que la materia de usos y costumbres es eminentemente local, pero no puede contradecir a la Constitución Nacional.

El activista gay español Pedro Zerolo dijo que los derechos de las parejas homosexuales no sólo deben ser los mismos, sino que deben tener los mismos nombres. ¿Cree que en la Argentina debería extenderse el matrimonio a las parejas del mismo sexo, como en España?

No lo tengo claro, no soy un especialista en materia de derecho de familia, pero no tengo ninguna duda acerca de que el estado tiene el deber de proveer una legislación que tienda a dar estabilidad y seguridad jurídica a las relaciones afectivas de todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual. Es algo que hace a la esencia del ser humano como tal, y cuya omisión es lesiva de la dignidad de la persona y atenta contra la salud psíquica de buena parte de la población.

Actualmente, las personas transexuales que desean una rectificación quirúrgica o un cambio de nombre, deben recurrir a largos procesos judiciales, que se hacen más difíciles cuando se trata de menores de edad. ¿Cree usted que hace falta una solución legislativa?

La ley que regula la materia es muy vieja y procede de un gobierno de facto. Sería necesario revisarla y actualizarla, simplificar los trámites. Los recaudos en casos de menores se pueden cumplir en tiempo relativamente corto, no pueden ser más que peritajes y eso no tiene por qué demorar años.

Cuando el Presidente lo propuso para integrar la Corte, algunos lo cuestionaron por ser "soltero y sin hijos" y, recientemente, han hecho circular por internet supuestos correos electrónicos suyos con contenido sexual. ¿Lo atacan por sus ideas o por ser gay?

Me he dado cuenta de que uno no debe perturbarse con idioteces para no perder tiempo, que es precioso porque es vida, y uno lo necesita para hacer cosas, especialmente cuando mucha gente deposita confianza en lo que uno haga. Si me dejase perturbar por todo lo que me dicen, porque me envían mails o se meten en mi cuenta y mandan otros con mi nombre, porque me inventen un romance con una jirafa o por lo que sea, porque me insulten en todas las formas, si me metiese a querellar o simplemente a responder y explicar, perdería capacidad de trabajo, de lectura, de estudio, de escritura, de elaboración y también tiempo para hacer lo que me gusta. Terminaría inútil y enfermo, que supongo que es lo que pretenden algunos. Por eso, sinceramente, no le puedo contestar, porque no lo he pensado y no voy a perder tiempo en pensarlo.

¿Qué debería hacer el estado para combatir la homofobia?

Como cualquier discriminación, se combate mediante un cambio cultural que requiere adecuadas campañas de esclarecimiento de la población, entre otras muchas cosas.

¿Pensó alguna vez en participar de la Marcha del Orgullo, como sucede en otros países con personalidades públicas de diferentes ámbitos?

Sí, claro. Cuando fui interventor del INADI pensé en eso. No sé si exactamente en una marcha, pero acompaño al movimiento y también a todos los movimientos contra cualquier forma de discriminación. Creo sinceramente en el derecho al trato jurídico igualitario de todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos, o sea, no recito sino que creo firmemente en el artículo primero de la Declaración Universal de 1948. Si a veces pierdo un poco la calma, aunque sé que no debiera hacerlo, es cuando descubro las miserias de la discriminación y de los prejuicios cuyo último e íntimo deseo, a veces meticulosamente oculto o hipócritamente negado, es siempre terminar en el campo de concentración o en el gulag. Todo discriminado sabe que encontrará siempre en mí a un aliado, aunque a veces se equivoque exagerando mi capacidad para ayudarle.

¿Cuáles considera usted que han sido las decisiones más trascendentes que ha tomado la Corte desde la reforma de su integración?

Son varias, no quisiera pecar por omisión: la garantía de la doble instancia en materia penal, el problema de la superpoblación carcelaria y policial en la Provincia de Buenos Aires, la audiencia sobre la contaminación en el Rio de la Plata, la reciente decisión sobre el saneamiento del Riachuelo, varias decisiones en materia previsional, la cuestión del límite de indemnización en accidentes de trabajo, la eliminación de obstáculos a los procesos por crímenes contra la humanidad, y algunas otras.

¿Y cuáles son los principales temas que actualmente están pendientes?

Seguir avanzando en la cuestión previsional, cerrar el tema de los depósitos bancarios y de los créditos hipotecarios y, por supuesto, seguir avanzando en la vigencia plena y real de la Constitución y de los Derechos Humanos.

¿Cree que se ha comenzado a revertir la mala imagen social sobre el funcionamiento de la Justicia?

No lo sé. Creo que no debemos preocuparnos por la imagen, sino por lo que hacemos. La imagen es una cuestión que en buena medida se fabrica, pero lo que se hace es lo que vale y lo que queda. Vivimos un mundo demasiado preocupado por la imagen y eso no es bueno, porque finalmente se acaba trabajando para la imagen, cuando en realidad hay que trabajar para el pueblo (eso que hoy suelen llamar “la gente”, en mi tiempo se llamaba “el pueblo”). Cuando se trabaja para la imagen todo termina en un teatro y a veces se degrada a un circo de mala calidad. Por eso, pienso que no debemos preocuparnos tanto por la imagen, o sea, no restarle tiempo a ocuparnos de hacer las cosas bien. Podemos acertar o equivocarnos, pero lo importante es hacer el máximo de esfuerzo y proceder de buena fe. Al final, el pueblo (“la gente” que ahora le dicen) sabrá valorar nuestros aciertos y nos perdonará nuestros errores, pero si siente que estamos representando para “vender imagen” nos van a repudiar y con toda razón.

¿La Corte se va a pronunciar sobre la cuestión de fondo con relación al pago de Ganancias por parte de los jueces?

Llegado el caso supongo que sí, pero por mi parte no tengo inconveniente alguno. Es una cuestión que debe resolver el Congreso y señalar cuál es la base imponible sobre la que debemos tributar, como hace con los otros poderes del gobierno.

¿No cree usted que la permanencia de muchos jueces de tribunales inferiores que fueron cómplices de la dictadura militar es una deuda de la democracia?

Si fueron cómplices de la dictadura militar y participaron el crímenes deben ser juzgados y condenados. Si no hicieron nada de eso y están regularmente nombrados no me parece que sea ninguna deuda de la democracia. De cualquier manera, avanza una nueva generación de jueces elegidos previo concurso, que me parece muy prometedora, y lo importante es que en muy pocos años más se producirá en forma natural una renovación casi total.

¿Cuáles son los cambios que, cuando tenga que jubilarse, espera haber ayudado a lograr durante su paso por la Corte?

Tengo la ilusión de lograr que la Corte Suprema tenga un centro de información jurídica a nivel continental de primer nivel, con una biblioteca análoga a las de la Fundación Max Planck en Alemania, con toda la información y la bibliografía del mundo, que sirva a nuestros jueces y que sea una Meca regional de investigadores jurídicos. Tenemos recurso genuinos para hacerla y mantenerla actualizada y para ir comprando material antiguo que integre el patrimonio del estado. Lo que se invierta el libros, revistas técnicas y tecnología de información será una inversión altamente productiva, porque redundará en prestigio nacional y en seguridad jurídica al elevar el nivel de las decisiones y de los debates jurídicos en el país. Por otra parte es el lugar más seguro y estable para organizar un centro de esa naturaleza. En las universidades cambian las autoridades y las políticas, las instituciones civiles pueden quedar en falencia o desaparecer, pero un tribunal supremo debe existir siempre. Otra aspiración, más modesta quizá, pero que no es una dato menor: me gustaría trabajar para coronar la iniciativa de un nuevo edificio para la Morgue Judicial. No se trata sólo de un lugar para tratar cadáveres, sino del futuro de la investigación auxiliar del derecho, no sólo en el campo de la criminalística sino en casi todo el derecho. Además, elementales razones de humanidad y de consideración al propio personal que trabaja allí exige este cambio.

Usted se ha pronunciado a favor de un cambio del sistema presidencialista por uno de tipo parlamentario. ¿Propondría una nueva reforma constitucional? ¿Cómo imagina un sistema parlamentario en la Argentina?

Las reformas constitucionales son producto de coyunturas políticas y no las puede promover un doctrinario ni toda la academia junta. Lo importante es que los temas y los modelos se discutan y la opinión pública sepa que existen alternativas y cuáles son. Cuando llega la coyuntura política, se puede discutir sin que nadie sienta que se inventan o improvisan modelos.

En cuanto a un sistema parlamentario en la Argentina, me lo imagino como funcionan en Europa, como el italiano, el alemán, el austríaco o el portugués (o el español, prescindiendo de la monarquía, claro). El modelo francés, llamado “semiparlamentario”, no me gusta. Es un presidencialismo al que se le adosa una muleta en caso que el presidente pierda la mayoría. Está trayendo inconvenientes en los países de Europa del este que lo han adoptado. Su principal defecto es que el presidente no es un neutral con autoridad en caso de crisis, sino que pasa a ser un contrincante político derrotado y, por ende, carece de la autoridad moral que requiere el ejercicio del llamado “poder moderador”.

Recientemente, el diario Clarín publicó que usted estaría evaluando renunciar a la Corte para dedicarse a la política. ¿Es verdad?

De momento no tengo la menor intención de dejar la Corte Suprema y menos de volver a la política activa y mucho menos aún de ser candidato a nada. Lo que planteo (y acompaño en esto a unos amigos) es una cuestión de sistema político, que creo debe interesar a todos los que participan en la política, cualquiera sea la fuerza desde la que no hacen.
Creo que se deben discutir los posibles perfeccionamientos de las reglas de juego y a eso tiendo, pero no para jugar en ellas. Me preocupa el sistema político, las instituciones, y me parece absurdo y demasiado mezquino, a la vez que miope, que cuando uno manifiesta esta preocupación de inmediato se pretenda subestimarlo mediante la descalificación de que lo hace porque pretende candidatearse a tal o cual cosa. Me asombra que no se entienda que es necesario pensar en el sistema mismo, más allá de las coyunturas políticas, y si logramos un espacio en que un buen número de gente piense en esas condiciones eso será de gran provecho para la democracia misma, sin perjuicio de desearle a todos el mejor de los éxitos en sus respectivas empresas políticas coyunturales, en las que no pienso meterme.

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