POR BRUNO BIMBI
La pena para el homicidio simple es de ocho a veinticinco años. Para el homicidio culposo, en cambio, es de seis meses a cinco años, pero el mínimo se eleva a dos cuando el arma es un vehículo manejado en forma irresponsable. En el homicidio simple, la pena será siempre de cumplimiento efectivo, mientras que en el culposo, existe la posibilidad de que el asesino no llegue a conocer la cárcel, porque las condenas de hasta tres años pueden ser suspendidas. Por eso, en casos como el de “La Hiena” Barrios, hay que estar atentos a la calificación del delito: si se confirma que lo acusan de homicidio culposo —como sucede con la mayoría de los asesinos al volante— es muy probable que salga libre.
Lo que diferencia al homicidio simple del culposo es la intención. En este último, la muerte se produce por la violación de un deber de cuidado: el acusado es culpable de haberla provocado por imprudencia o negligencia, pero no mató a propósito. En el primero, en cambio, hay una decisión de matar. Sin embargo, existe una tercera posibilidad: el homicidio simple con “dolo eventual” se configura cuando, aunque no haya querido matar, el autor del hecho pudo representarse las consecuencias de sus actos y no le importaron. La pena, en esos casos, es la del homicidio simple. Si yo disparo contra una ventana, aunque no quiera matar a nadie, debo saber que es muy probable que haya alguien detrás del vidrio. No soy apenas culpable de imprudencia: sabía que podía causar una muerte y eso no me frenó, por eso hay dolo. ¿Y si salgo a correr picadas, o manejo a la velocidad de la luz en una avenida, o a contramano, o después de salir de una fiesta en la que hubo alcohol o drogas?
Esa es la respuesta que deben responder los jueces. Deberán analizar los hechos para saber si hubo apenas imprudencia o negligencia en el manejo de la lujosa BMW X5 o si Barrios actuó con la irresponsabilidad propia del que no le importa la vida ajena. Deberán, además, decidir si lo excarcelan o lo obligan a esperar el juicio tras las rejas, para lo cual tendrían que preguntarse si creen posible que se fugue o intente obstaculizar la acción de la justicia. La conducta de Barrios el día de los hechos puede servirles de ejemplo: el boxeador escapó —con un giro prohibido y tomando una calle a contramano— luego del choque que le causó la muerte a una joven embarazada. Veinte minutos después, volvió a chocar y volvió a escaparse.
El 6 de febrero de 2001, mi hermano Esteban andaba en bicicleta por la calle de acceso al barrio cuando un Peugeot 504 lo embistió, haciéndolo saltar por el aire. El conductor, de quien luego supimos que era inspector de tránsito, iba en exceso de velocidad, tomó una curva prohibida y al chocarlo no sólo no paró para socorrerlo: pisó el acelerador, le pasó por encima y se escapó. Un vecino intentó frenarlo y casi resulta también atropellado. Luego de la fuga, Norberto Arsenio Maggi escondió el auto en un garaje y estuvo prófugo por diez días, ayudado por la maldita Bonaerense, que lo protegía por sus contactos con la mafia política del conurbano.
Los policías llegaron antes que la fiscal y borraron las pruebas: limpiaron la sangre y las huellas de los neumáticos con la manguera de un camión de bomberos, le “regalaron” la bicicleta de mi hermano a un chico de otro barrio que pasaba por ahí y “perdieron” la matrícula del Peugeot que una señora había visto y les informó. Maggi, además de asesino prófugo, era un funcionario corrupto, vinculado al ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez de Olivera. Cuando le allanaron la casa, le encontraron armas y registros de conducir truchos. Gracias a la labor de una fiscal honesta, Marisa Marco, los policías que encubrieron a Maggi fueron investigados y el asesino fue detenido y acusado de homicidio simple con dolo eventual. Como había estado prófugo, no fue excarcelado. Pasó un año y medio preso. Pero la justicia llegó hasta ahí.
Cuando terminó la instrucción y la causa fue elevada a juicio, Marco terminó su trabajo y debió pasarle la posta al fiscal Bernardo Schell, quien en tiempo récord pactó la libertad del asesino, con la complicidad de los jueces Roberto Lugones, Jorge Roldán y Eliza López Moyano.
La transa se llama "juicio abreviado": fiscal y asesino toman un café y se ponen de acuerdo. No hubo juicio oral. Maggi se declaró culpable y los jueces aceptaron cambiar la calificación del delito a homicidio culposo, condenándolo a cuatro años. Cuatro de los ya había cumplido uno y medio, a dos por uno. El resto en casa, con permiso para salir. Los familiares de Esteban no tuvimos derecho a participar de esa conversación, ni a presenciarla, y nunca vimos al asesino en el banquillo de los acusados. Ni siquiera nos notificaron. Unas semanas después, cuando ya no se podía apelar, nos enteramos de que Maggi estaba libre. El fiscal y los jueces, también. Caso cerrado, que pase el que sigue.
Esteban era hincha de Racing, quería terminar el secundario, trabajaba, era un buen tipo que nunca le hizo mal a nadie. Cuando murió, luego de agonizar por 27 horas en el Hospital Fiorito de Avellaneda, tenía 19 años. Hoy tendría 28. La última imagen que recuerdo de él es en una camilla, todo vendado y con tubos que lo conectaban a un respirador artificial. Tuvimos que velarlo a cajón cerrado. La funeraria lo vistió con la camiseta de La Academia y dejó en sus manos una foto del Ché, como increíblemente les había pedido a sus amigos que hicieran si algún día “le pasaba algo”.
De estas cosas me acuerdo cuando pienso en la familia de Yamila González. Ojalá que esta vez las cosas sean diferentes e “Impunidad” no vuelva a ser el título de la nota que cuente el final de esta historia. La muerte de Yamila, como la de Esteban, no fue un accidente. Ambas fueron el resultado del desprecio por la vida de los otros de quienes manejan su auto como si fuera un arma de fuego.
.
